Vaya por delante que mis conocimientos jurídicos son los mismos que el de un ciudadano medio: ninguno. (¿Por qué no se explican las bases de un Estado de Derecho en las escuelas?) O quizás un poco más que el del ciudadano medio porque pongo interés en conocer cómo decidimos los españoles regir nuestras vidas en base a un código social válido para todos: nuestra Constitución. Y es desde ese desconocimiento que hago estas reflexiones públicas con la esperanza de que algún jurista me las resuelva.
Sabemos que el parlamento es el órgano legislativo y que se configura según los votos de los ciudadanos, gracias a la Soberanía Nacional. Es decir, que en España la soberanía reside en el pueblo, que es quien toma las decisiones que afectan a su vida. Eso sí, lo hace a través de unos representantes que han sido votados en base a un programa electoral que debiera ser de obligado cumplimiento, pues no se vota a una persona, sino a unas listas que se han comprometido a llevar a cabo un programa electoral concreto. Más allá de las dudas que genera esta afirmación, sigamos con nuestra reflexión. Las leyes que dictan nuestra convivencia salen, pues, del Parlamento. Entonces el conglomerado caótico de órdenes, reglamentos y recomendaciones que están atacando nuestras libertades fundamentales ¿Son leyes salidas del Parlamento votadas por nuestros representantes nacionales? Insisto en mi ignorancia sobre el tema, pero parece que la prensa haya sustituido al Boletín Oficial del Estado, porque tras leer las noticias de los recortes diarios de libertades, busco su publicación en el BOE y no la encuentro. 
Toda decisión de un parlamento se debe recoger en este boletín oficial para que el ciudadano tenga acceso y conocimiento de lo que sus representantes deciden en su nombre. Sin embargo, esas leyes se publican en la prensa, que se ha convertido en el altavoz oficial del gobierno, pues es quien difunde sus decisiones como organismo “oficial”. Pero mi pregunta es ¿Tienen las ocurrencias de políticos o “expertos” rango de ley? ¿Son de obligado cumplimiento? Estos meses el Consejo Interterritorial de Salud (que como el nombre dice sirve para aconsejar, no para legislar) está decidiendo quién y cómo se puede mover por el territorio español dictando “Recomendaciones de Obligado Cumplimiento”. Pero si son “Recomendaciones” no pueden ser de obligado cumplimiento, sería contradictorio. O están cambiando el significado de las palabras o están cambiado el significado a la democracia. A no ser que esas “recomendaciones” sean leyes emanadas del Parlamento, en cuyo caso sí habría que cumplir, siempre y cuando no atente contra las libertades fundamentales, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se acogieron todos los países pertenecientes a la ONU. ¿Son las “Recomendaciones de Obligado Cumplimiento” una nueva figura jurídica que está por encima de nuestra Constitución, o se ha cambiado la Carta Magna sin que yo me entere? Son reflexiones sinceras e ingenuas que me gustaría que alguien me respondiera.
Cuando el Partido Nacional Socialista de Hitler llegó al poder en 1933 cambió las reglas del juego y se arrogó todos los poderes para legislar sin contar con el parlamento democrático. El partido nazi era el único con potestad de redactar las leyes, de hecho era el “partido único”. Tenían un equipo de grandes juristas, eufemistas del holocausto. Todo lo que hicieron, desde el recorte de libertades, el control de la prensa, hasta el exterminio de todo disidente a la verdad oficial, se hizo legalmente según su propio sistema jurídico. Mi pregunta es ¿El Estado de Alarma que sufrimos desde hace un año justifica cualquier decisión, de cualquier gobernante de “taifa” y publicado de cualquier forma o debe cumplir con los cauces legales que dicta nuestra Constitución?
El día que explicaron esto en clase de “Ciudadanía” debí faltar, porque no encuentro lógica a esta forma de gobernar, y mis dudas no encuentran sosiego. Sí asistí a clase, sin embargo, el día que explicaron en qué se basa una democracia. Me dijeron que significa “Gobierno (cracia) del Pueblo (demos)” y que se asienta en tres principios fundamentales e irrenunciables:
- La Soberanía Nacional. Es decir, que el poder reside en el pueblo, que debe ser consultado ante decisiones que afecten gravemente a su vida, no sólo cada cuatro años.
- La Separación de Poderes. Es decir, que el Parlamento, (Poder Legislativo) redacta las leyes; el gobierno (Poder Ejecutivo) las ejecuta con el aparato del Estado; y los jueces (Poder Judicial) velan, de manera absolutamente independiente, por el cumplimiento de la ley. (¿Por qué pacta el poder legislativo los miembros del poder judicial ?¿Acaso no se busca independencia?).
- Las Libertades Individuales, donde el individuo disfruta de una serie de Derechos Fundamentales inalienables como la dignidad, la libertad de expresión, de movimiento, de reunión y de decisión, entre otros. No requiere más comentario.
De hecho, todavía se explica esto en las aulas de Bachillerato: la conquista de nuestros antepasados por la democracia, analizando cómo a lo largo de S.XIX el ciudadano europeo libró la batalla de estos derechos a través de revoluciones, revueltas, proclamaciones y pactos, consiguiendo acabar con lo que se llamó “Antiguo Régimen”, es decir, el gobierno despótico de las clases privilegiadas sobre el resto de la población. ¿Ya no es tan antiguo o se está imponiendo un nuevo Régimen? Es normal que nuestros adolescentes y jóvenes tengan cierta confusión política y no se interesen por la democracia, la Constitución, ni el sistema que nos gobierne. Les reprochamos que están alejados de la política y no se involucran en los mecanismos sociales porque son unos pasotas, pero ¿Se percibe la incoherencia entre la teoría y la práctica democrática?¿Entre lo que estudian y lo que experimentan al salir a la calle (cuando se puede salir…)? ¿Les podemos pedir coherencia y responsabilidad los adultos, que debemos cundir con el ejemplo? Las implicaciones de lo que estamos viviendo son tan grandes que las reflexiones pueden ser infinitas, pero hoy sólo busco respuesta a mis dudas jurídico-existenciales. Lo siento, será mi desconocimiento, pero no llego a articular un pensamiento lógico en el análisis de la actual situación jurídica. La situación, lejos de ser utópica, degenera ya en distópica con tendencia a convertirse en típica. ¿Algún jurista me ayuda a salir de dudas sin caer en el tópico? Gracias.
José Alcalá
Historiador y docente
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