El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha limitado derechos y libertades fundamentales. Entre ellos el ejercicio efectivo del derecho a la educación en los términos que establece la Ley Orgánica de Educación, LOE (artículo 4.2), que desarrolla el mismo mediante la escolarización obligatoria en centros docentes, hasta los dieciséis años de edad. Toca hacer una reflexión sobre la evaluación y la equidad en tiempo de coronavirus.
Alumnado y profesorado se marcharon de los centros educativos y desde ese momento, con un gran esfuerzo por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, se ha intentado restablecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera no presencial.
Finaliza la segunda evaluación en la que con carácter general se han mantenido y reforzado, en la distancia, los aprendizajes impartidos de manera presencial en los centros de enseñanza. Ahora toca pensar cómo abordar, a futuro, el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación, en el próximo trimestre, atendiendo a las circunstancias. El verdadero reto, empieza en unos días.
El Ministerio de Educación confía en que podamos retornar a las aulas, al menos quince días antes de que finalice el curso.
Hay gran incertidumbre al respecto, atendiendo al comportamiento de la pandemia en otros países y al efecto de las medidas adoptadas referidas a los centros escolares; espacios en los que el contacto social es inevitable. En Wuhan, China, después de setenta días de aislamiento, advierten de que es necesario continuar con el distanciamiento social, para atenuar una posible segunda ola de la epidemia.
Atendiendo a lo anterior, no podemos olvidar dos cuestiones para que los centros educativos vuelvan a abrir sus puertas. Habrían de estar garantizadas las condiciones de protección del derecho a la salud de los menores, así como la seguridad y prevención de riesgos laborales de los trabajadores, protegidas legalmente.
En este escenario de incertidumbre, una forma de ayudar a las familias es darle la certidumbre en torno a cómo se va a evaluar el último trimestre de este curso.
Se suceden las noticias referidas a la cuarentena educativa, en las que se señala que las plataformas fallan, que se está produciendo una brecha tecnológica, que hay profesores que están respondiendo con sus propios medios, familias multitarea que no poder asumir la ingente cantidad de actividades que deben realizar sus hijos, familias que carecen de los conocimientos y/o medios para atender las necesidades educativas de sus hijos e hija; etc.
Pero la inquietud, a medida que se acerca el último trimestre es la evaluación y la calificación de las diferentes asignaturas de cara a la promoción o titulación del alumnado. Así desde el Ministerio de Educación se ha señalado que el “curso no se va a echar a perder” y desde algunas asociaciones de padres, se está llegando a pedir que durante este tiempo, no presencial, “estos contenidos no deberían contar para nota”. Incluso algún sociólogo, como Jaume Carbonell (atendiendo a la noticia del diario ABC) se refiere a la necesidad del “aprobado general y la promoción automática del curso”, fundamentando su argumento en las necesidades emocionales y vitales de la población ante esta situación extraordinaria. Si bien esta propuesta, a mi entender, no tiene encaje legal.
El coronavirus ha venido a alterar el calendario escolar, que nos marca un plazo en el que las actividades lectivas terminan.
Una forma de vencerlo es la planificación y la organización. Ambas pasan por evaluar lo que hemos hecho estos días. Con esa información descriptiva, podremos alcanzar un juicio de valor que nos permita planificar y organizar una respuesta curricular y temporal que ofrezca certidumbres a las familias. Porque, justo ahora, el sentido de la evaluación es más necesario que nunca. La cuestión es si estamos preparados para ello.
Hoy la mayoría del alumnado se ha convertido en receptor de apoyo educativo (artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, LOE), al requerirse una atención educativa diferente a la ordinaria, con efectos directos en la evaluación de sus aprendizajes. Va a depender del contexto profesional del centro docente, así como del índice social, económico y cultural del alumnado y sus familias el alcance de la respuesta del sistema educativo, en estas circunstancias extraordinarias. Pero podemos concluir que los alumnos más desfavorecidos serán los más perjudicados en este confinamiento.
En la educación a distancia que ha sobrevenido, sin avisar, existe una brecha en ambos extremos. La calidad en la respuesta del profesorado, depende del ejercicio de la autonomía pedagógica y organizativa del centro educativo, así como del nivel de formación y cualificación de los docentes. Hoy, más que nunca y en circunstancias adversas, su competencia digital y metodológica; su capacidad en adecuar los contenidos, así como los criterios y estándares de evaluación, su creatividad en el diseño de actividades de evaluación, motivadoras, diferentes, descriptivas y adaptadas a las circunstancias de un confinamiento obligado, son determinantes en este escenario. Por el otro lado, nos encontramos, atendiendo a su edad y condiciones personales y sociales a un alumnado, que además sufre con sus familias unas circunstancias emocionales absolutamente desfavorables para el aprendizaje.
Nadie puede obviar que estas circunstancias forman parte de la evaluación, que tiene entre sus finalidades contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la evaluación (artículo 140 de la LOE).
Tenemos que vencer a la incertidumbre, en materia de evaluación, porque el sistema educativo tiene herramientas de recuperación contra el efecto de este virus en la educación de nuestro alumnado. Aquí te planteo una reflexión, pensando en el peor escenario, para planificar con mayores garantías.
La evaluación del aprendizaje del alumno es una competencia del profesorado, que junto a los compañeros y compañeras del equipo docente habrá de tomar las decisiones de promoción y titulación. Hay que recordar que estas decisiones son actos administrativos que debidamente motivados, tienen que acreditar en estas circunstancias adversas, que la dedicación, el rendimiento y el esfuerzo de alumnado son valorados con objetividad.
Para ello tendremos que redefinir los criterios de calificación respecto a los aprendizajes imprescindibles objeto de evaluación; que readaptar nuestras actividades e instrumentos de evaluación, con el fin de obtener la información más fiable y valida del procesos educativo. Habrá que darle publicidad, garantía de objetividad.
Tendremos quizás, como decía Eduardo Punset, que desaprender para aprender a adaptar la evaluación a estos tiempos del coronavirus. Y también para poner a la evaluación (no solo la calificación) en el centro de la actividad docente.
No será fácil, pero si posible y ante la duda siempre habrá que apostar por la posición más favorable para el alumnado. ¿Un regalo?. No. Se llama equidad, distinto a la igualdad. Es un principio del sistema educativo, de carácter obligatorio, que supone tratar de manera diferente a los diferentes, eso que la LOE llama requerir “una atención educativa a la ordinaria” (artículo 71.2). Y es un principio de ponderación en la aplicación de las normas (artículo 3.2 del Código Civil), tales como el currículo.
Otras alternativas, ya se anticipan por la UNESCO, supondrán un mayor coste social, económico y riesgo de abandono escolar de la población, más desfavorecida.
Dicho todo esto, el sistema educativo tiene mecanismos suficientes de recuperación de aprendizajes, para pensar que tres meses de tragedia no pueden malograr la vida de un estudiante que debe tener la posibilidad de formarse a lo largo de su vida (artículo 5 de la LOE) y atendiendo a que el sistema educativo debe facilitar y las Administraciones públicas deben promover que toda la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente.
Tenemos que pensar que los objetivos a alcanzar y las competencias a adquirir son por etapas educativas, no por cursos (Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria)
Tenemos que pensar que la evaluación, en los cursos de todas las etapas, es continua (artículo 20, 28, 36 de la LOE). No debería detenerse, ni truncarse por las circunstancias excepcionales que estamos viviendo.
Tenemos que pensar que el sistema legal español prevé junto al principio de educación común, el principio de atención a la diversidad (artículo 4.2 de la LOE) y que esa diversidad, forzada por la tragedia, en la oferta de enseñanza y respuesta de aprendizaje, no puede perjudicar al alumnado desfavorecido.
Tenemos que pensar que, dentro del grupo de alumnado con necesidad de apoyo educativo, aquél que se incorpora tardíamente al sistema educativo español, avanzado un curso, lo hace por criterio de edad y solo en el supuesto de que presente un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad (artículo 14.5 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y artículo 18 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). Lo que supone en materia de reconocimiento social de aprendizajes (decisiones de promoción), que si a un alumnado que no ha estado en el sistema se le reconoce este derecho, las circunstancias actuales no deben perjudicar a los alumnos que han cumplido con su obligación, en la medida de sus posibilidades, estando en el sistema educativo. Recordemos ese principio general del derecho: Qui potest plus, potest minus (quien puede lo más, puede lo menos).
Tenemos que pensar que, además, el trabajo en equipo y en colaboración permitirá ajustar, a partir de la evaluación inicial, las programaciones didácticas del próximo curso.
La evaluación es el único instrumento que tenemos para verificar el cumplimiento del derecho a la educación y el acceso igualitario al conocimiento y a las oportunidades disponibles en la sociedad. También en tiempos de coronavirus, con una planificación y evaluación adecuada a esta tragedia.
Juan José Arévalo Jiménez
Inspector de Educación de Toledo
